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La TV gallega lanzará próximamente un segundo canal 10/01/2008
La localidad gallega de A Fonsagrada dejará de recibir, en unos meses, la señal de la televisión analógica convencional. Para ello, el radiodifusor público gallego Televisión de Galicia (TVG) pondrá en marcha, el próximo julio, su segundo canal, G2, tanto en modo analógico, como en digital. La nueva televisión tendrá una inversión cercana a dos millones de euros. Sus contenidos, de momento, de archivo: series y películas que se emitirán por segunda y tercera vez. Sin embargo, su programación definitiva estará conformada por espacios infantiles, culturales y juveniles. Asimismo, será de servicio público, con sesiones en directo de, por ejemplo, el Parlamento gallego. Por otro lado, el Gobierno gallego ha solicitado al Ministerio de Industria otro múltiplex para incluir futuras emisiones de Televisión de Alta Definición. Será un nuevo múltiplex con cuatro canales, dos digitales terrestres y otros tantos de HD, en principio. G2 será el último canal de la TV gallega antes del apagón analógico (3 de abril del 2010). Después, lanzará otro, probablemente, de noticias 24 horas. Y para el cuarto canal, su filosofía de contenidos será multicultural.

Las televisiones locales eluden el apagón analógico del Gobierno09/01/2008

La ley obliga a un millar de emisoras a emitir sólo en digital desde el 1 de enero, pero algunas comunidades ni siquiera han convocado los concursos

El Gobierno ha querido que las televisiones locales sean las que den el primer paso hacia el apagón analógico. Un millar de canales de baja potencia deberían haber abandonado el sistema tradicional de emisión para abrazar la tecnología digital el pasado 1 de enero. Pero el calendario de transición diseñado por el Ministerio de Industria no se está cumpliendo.

El Plan de impulso de la televisión digital terrestre, de liberación de la televisión por cable y de fomento del pluralismo aprobado en diciembre de 2004 por el Consejo de Ministros sitúa en abril de 2010 la fecha del apagón analógico para todas las televisiones. Sin embargo, el tope para las locales se estableció dos años antes.

Este modelo es considerado "discriminatorio" por Francisco Pérez, presidente del G-9, entidad que agrupa a alrededor de 200 emisoras locales públicas, privadas y comunitarias. "El plan técnico debería afectar a todos los servicios audiovisuales por igual. Pero son las televisiones locales, el elemento más débil, el que está abocado a tirar del carro de la televisión digital terrestre". Argumenta que estas estaciones han sido las últimas en desarrollarse y las que tienen más dificultades económicas para sobrevivir. Plantear que las locales sean la locomotora de la TDT es, en su opinión, "un argumento ridículo".

En la misma línea se pronuncia José Mari Iturrioz, gerente de TeleDonosti -canal integrado en Punto TV, la red de emisora del Grupo Vocento- que opera en Guipúzcoa. "Suena raro que el apagón analógico tenga que darse en las locales antes que en las nacionales". Con cierta resignación añade: "Ha sido una forma de reglamentar el sector audiovisual".

A la hora de establecer quién debe vigilar el cumplimiento del real decreto que fijaba el cambio tecnológico en las locales, el Ministerio de Industria no tiene dudas: "la competencia prevalente" es de las comunidades autónomas. Un portavoz de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones recuerda a ellas les corresponde otorgar los títulos habilitantes. Pero la falta de coordinación entre las distintas administraciones está obstruyendo la regulación del sector. Pérez mantiene que el departamento de dirige Joan Clos debería haberse reunido con las autonomías para plantear una "estrategia común". En este tira y afloja, las comunidades dicen que tienen competencias de sanción pero no de cierre. El presidente del G-9 sólo tiene constancia de la circular enviada por la Generalitat de Cataluña a las locales sobre el nuevo sistema.

TeleDonosti, que sigue emitiendo en analógico, se acoge a los plazos marcados por el Gobierno vasco en la orden de concesiones. Como otras emisoras del País Vasco, este canal está "en trámite" con el Ejecutivo regional para decidir cómo se gestionarán los canales múltiples. Y es que los canales locales ya no son autónomos a la hora de planificar sus emisiones. Cada múltiple alberga cuatro canales, gestionados a menudo por empresas distintas. Eso obliga, como explica Iturrioz, a "ponernos de acuerdo todos los adjudicatarios del múltiple".

Al igual que ocurre con las cadenas de cobertura autonómica, las locales son adjudicadas por las comunidades. Todas tenían que haber resuelto ya los concursos, sin embargo, hay algunas que ni siquiera los han convocado. Pérez cita en el primer caso a Castilla y León y Castilla-La Mancha, y a Extremadura y Andalucía, en el segundo.

En la Comunidad de Madrid el proceso de concesión ha sido recurrido. El Gobierno de Esperanza Aguirre otorgó 30 licencias a la iniciativa privada en una resolución de agosto de 2005, que premió a Iglesia católica (que recibió frecuencias en cinco demarcaciones) y a grupos de comunicación afines al PP (la Cope, El Mundo e Intereconomía, entre otros).
A la vanguardia de Europa

España será uno de los países punteros en la puesta en marcha de la televisión digital terrestre permite (TDT). Este nuevo sistema permite mayor calidad de imagen y sonido, facilita la interactividad y aprovecha de manera más racional las frecuencias radioléctricas. El mismo espacio que ocupa una televisión analógica tendrá capacidad para albergar hasta cuatro canales. Los seis operadores nacionales (Tele 5, Antena 3, Cuatro, La Sexta, Net TV y Veo TV) gestionarán a partir de abril de 2010 un canal múltiple cada uno. En la mayoría de los países de la UE, el apagón se producirá en 2012.Para los responsables de Impulsa TDT, asociación que agrupa a las cadenas nacionales y autonómicas y al operador de red Abertis Telecom, el ritmo de implantación invita al optimismo, aunque la entidad advierte de que es necesario que todos los agentes involucrados "se tomen en serio" la fecha del apagón analógico: el 3 de abril de 2010.Un primer ensayo se llevará a cabo en Soria, donde las televisiones dejarán de emitir en el sistema convencional durante el primer semestre de este año. Hasta ahora se han vendido en toda España alrededor de siete millones de sintonizadores, un aparato necesario para recibir las señales en el nuevo sistema. Pese a que la cobertura supera ya el 85% de la población, apenas uno de cuatro hogares está en disposición de recibir los programas digitales. La cuota de pantalla de la TDT se sitúa en el 9%. Los madrileños son los que más consumen la nueva televisión (16,6%) y los espectadores de Castilla-La Mancha, los que menos (3,8%).

Popular TV comienza a emitir por Astra 19,2º Este 08/01/2008

El canal local Popular TV ha comenzado a emitir en abierto por el satélite Astra 1L, a 19,2º Este, tal y como avanzaba este portal en días pasados que sucedería. El canal pertenece a la cadena de emisoras de radio COPE y su programación es generalista y familiar. Popular TV -además de emitir en la TDT en 11 provincias, entre ellas, Madrid- distribuye su señal satelital en la frecuencia 11.509 GHz, polarización vertical, SR 22000, FEC 5/6. También se puede acceder a él por Hispasat. La cadena tiene 22 televisiones asociadas. Su filosofía es la misma que la de la cadena COPE: defender a capa y espada los valores más tradicionales de la familia católica y trasladarlos a todos los aspectos de la vida diaria.

El Ministerio de Industria ve con buenos ojos que una parte de la TDT española sea de pago 25/12/2007
El secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Francisco Ros, ha reconcido, recientemente, en Madrid, que sería un error no incorporar en un futuro espacios de Televisión Digital Terrestre en modalidad de pago por visión aunque, al mismo tiempo, ha advertido de que las licencias ya concedidas no contemplan esta posibilidad. Al mismo tiempo, Ros se ha mostrado consciente de que esta modalidad ya se está probando en otros países de la Unión Europea con cierto éxito, como el caso de Italia. A pesar de no haberse recibido peticiones concretas, el Ministerio de Industria conoce el interés por parte de algunos radiodifusores españoles en que se considere la posibilidad de ofrecer eventos de pago. Jaume Roures, directivo de la productora Mediapro (principal accionista de laSexta), ya se ha pronunciado al respecto y, a principios de este mes, se constituía la sociedad Dahlia Televisión, en busca de una plataforma independiente de TDT de pago en España, que aúne a todos los radiodifusores de la TDT. Pero el Secretario ha querido dejar claro que las licencias ya concedidas lo han sido en unas determinadas condiciones (en abierto), al tiempo que ha advertido de que si algún operador no ve su explotación factible siempre tendrá abierta la posibilidad de devolver su licencia.

Aprobada la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información 22/12/2007
El Congreso de los Diputados aprobó, anteayer, la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, que se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la información y de convergencia con Europa y entre las Comunidades y Ciudades Autónomas (Plan Avanza). El Plan Avanza prevé, entre sus medidas, la adopción de una serie de iniciativas normativas dirigidas a eliminar las barreras existentes a la expansión y uso de las tecnologías de la información y a garantizar los derechos de los ciudadanos en la Sociedad de la Información. En esta línea, la Ley introduce innovaciones normativas para el impulso de la Sociedad de la Información, en España, y tiene como objetivos cubrir vacíos normativos existentes, eliminar obstáculos y potenciar los derechos de los ciudadanos en la Sociedad de la Información. En concreto, introduce una serie de modificaciones de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley de firma electrónica, que constituyen dos piedras angulares del marco jurídico en el que se desenvuelve el desarrollo de la Sociedad de la Información.
Esta revisión del ordenamiento jurídico se completa con otras modificaciones menores de la Ley General de Telecomunicaciones y de la Ley de ordenación del comercio minorista. Entre las principales novedades de la Ley destacan las siguientes:
• Eliminación de las barreras existentes a la expansión y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
• Garantía de los derechos de los ciudadanos en la Sociedad de la Información.
• Innovaciones normativas en materia de facturación electrónica y de refuerzo de derecho de los usuarios.
• Modificaciones normativas en materia de Sociedad de la Información, firma electrónica, telecomunicaciones y ordenación del comercio minorista. Principales aspectos de la nueva Ley Introducción de Internet en los principales servicios de interés para los ciudadanos.

La Ley impone a las grandes empresas (aquellas con más de 100 empleados o un volumen de operaciones superior a los 6 millones de euros), que presten servicios al público considerados como de especial trascendencia económica (electricidad, agua y gas, telecomunicaciones), la obligación de facilitar un medio de interlocución telemática con sus clientes, que mediante el uso de certificados reconocidos de firma electrónica, permita a los clientes mantener relaciones de carácter contractual con la empresa, efectuar reclamaciones y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en materia de protección de datos. En línea con esta medida, se modifica la Ley de ordenación del comercio minorista con el fin de respaldar la nueva obligación de disponer de un medio de interlocución electrónica para los servicios al público de especial trascendencia económica.

Impulso a la facturación electrónica

La Ley prevé la elaboración de un plan por parte del Gobierno o, en su caso, de las Comunidades Autónomas con competencias, para la generalización del uso de la factura electrónica en España y actuaciones de fomento de la normalización y de la interoperabilidad entre diferentes formatos. Este plan completa la obligatoriedad de la factura electrónica prevista en la Ley de Contratos del Sector Público, actualmente en tramitación. Desarrollo del comercio electrónico en España La Ley introduce novedades y ajustes en la regulación actual con el objetivo de facilitar la actividad económica por Internet:
• Regulación mínima de las subastas electrónicas entre empresas (B2B), a fin de establecer un marco jurídico de mayor transparencia y seguridad, evitando la desconfianza de las empresas a la hora de participar en estos nuevos métodos de compra y prevenir cualquier tipo de práctica o competencia desleal.
• Flexibilización de las obligaciones relativas a las comunicaciones comerciales y a los requisitos para la contratación por vía electrónica, en particular, para su adecuación a la telefonía móvil de datos y a otros servicios similares.
• Clarificación de las reglas de valoración de la firma electrónica en juicio y flexibilización de la obligación de los prestadores de servicios de firma electrónica de comprobar los datos inscritos en registros públicos, con el fin de eliminar cargas excesivas.

Clarificación del marco regulador para la restricción de servicios

Se clarifica, por otro lado, el marco regulador para las posibles restricciones de servicios de la Sociedad de la Información por parte de los órganos competentes. En este sentido, la ley establece el procedimiento intracomunitario conforme al cual debe actuar el órgano competente que, en virtud de sus competencias establecidas en su propia normativa reguladora (aplicables al mundo físico y al ámbito electrónico), adopte medidas de restricción respecto de servicios provenientes de países del Espacio Económico Europeo (EEE). Igualmente, la ley aclara la regulación del deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación para los supuestos en que un órgano competente ha decidido, de acuerdo con su propia normativa, que hay que interrumpir o bloquear un servicio.
La autorización de la restricción de páginas de Internet, cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en el artículo 20 de la Constitución, sólo podrá ser ejercida por los órganos jurisdiccionales competentes.

Mayor seguridad en Internet

La Ley obliga a los proveedores de acceso a Internet a informar a sus usuarios sobre medios técnicos que permitan la protección frente a los problemas de seguridad en Internet (virus informáticos, programas espías, spam) y sobre las herramientas para el filtrado de contenidos no deseados. Asimismo, los prestadores de servicios deberán informar a sus clientes sobre las medidas de seguridad que apliquen en la provisión de sus servicios. Adicionalmente, el Gobierno elaborará un nuevo plan de actuaciones para la mejora de los niveles de seguridad y confianza en Internet, que incluirá medidas frente a códigos maliciosos, correos electrónicos no solicitados (spam) y mensajes engañosos o fraudulentos (phising). Internet más accesible para discapacitados y personas de edad avanzada.
Por otra parte, la Ley establece que las páginas de Internet de las Administraciones Públicas satisfarán el nivel medio de accesibilidad (según los criterios de accesibilidad generalmente reconocidos) antes del 31 de diciembre de 2008. Este mismo requisito será aplicable a las páginas de las empresas con especial trascendencia económica, obligadas a facilitar un medio de interlocución telemática con sus clientes.

Refuerzo de la protección de los derechos de los usuarios en materia de telecomunicaciones

La Ley también tipifica de manera expresa como infracción administrativa la vulneración por parte de los operadores de los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito de las telecomunicaciones.

Extensión de la conectividad de banda ancha

La Ley establece que el Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, impulsará la extensión de la Banda Ancha para que exista la mayor cobertura posible antes del 31 de diciembre de 2008, independientemente de la tecnología utilizada. Disponibilidad de nombres de dominio “.es” con caracteres propios de las lenguas españolas La Ley establece que la entidad Red.es adoptará las medidas necesarias para asegurar que puedan asignarse nombres de dominio “.es” que contengan caracteres propios de las lenguas españolas distintos de los incluidos en el alfabeto inglés, como la “ñ” o la “ç”, en un plazo máximo de tres meses de la entrada en vigor de la Ley.

Mejora de la información disponible del sector TIC en España

Con el fin de facilitar la elaboración de estadísticas y de indicadores, se atribuye al Ministerio de Industria; Turismo y Comercio la facultad de recabar de los agentes que operan en el sector TIC de la información necesaria. Esta medida se llevará a cabo sin que se pidan datos que ya obran en poder de otros organismos en ejercicio de sus competencias.

Televisión de proximidad sin ánimo de lucro

La Ley establece que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio planificará frecuencias para la gestión individual del servicio de televisión local de proximidad por parte de entidades sin ánimo de lucro que se encuentren habilitadas para emitir al amparo de la Ley de Televisión Local por Ondas Terrestres, siempre que disponga de frecuencias para ello. Tienen la consideración de servicios de difusión de televisión en proximidad aquellos sin finalidad comercial que, utilizando las frecuencias que en razón de su uso por servicios próximos no estén disponibles para servicios de difusión de televisión comercialmente viables, están dirigidos a comunidades en razón de un interés cultural, educativo, étnico o social. El canal de televisión difundido lo será siempre en abierto. Su programación consistirá en contenidos originales vinculados con la zona y comunidad a la que vayan dirigidos y no podrá incluir publicidad ni televenta, si bien se admitirá el patrocinio de sus programas. Las comunidades autónomas adjudicarán las correspondientes concesiones para la prestación de servicios de televisión de proximidad. Las concesiones se otorgarán por un plazo de cinco años y podrán ser renovadas hasta en tres ocasiones. Regulación del juego El Gobierno presentará un Proyecto de Ley para regular las actividades de juego y apuestas, en particular las realizadas a través de sistemas interactivos basados en comunicaciones electrónicas. La nueva regulación deberá ser compatible con la normativa de protección de los menores, de la juventud, de grupos especialmente sensibles de usuarios así como de los consumidores en general.
El Proyecto de Ley deberá articular un sistema de control sobre los servicios de juego y apuestas por sistemas interactivos que garantice unas condiciones de mercado plenamente seguras y equitativas para los operadores de estos sistemas y unos adecuados niveles de protección de los usuarios. También deberá establecer un sistema de tributación sobre los servicios de juegos y apuestas por sistemas interactivos atendiendo al origen de las operaciones objeto de tributación.
La nueva normativa establecerá que la actividad de juego y apuestas a través de sistemas interactivos basados en comunicaciones electrónicas sólo podrá ejercerse por aquellos operadores autorizados por la Administración Pública competente. Además, se establecerán las medidas necesarias para impedir la realización de publicidad por cualquier medio, así como la prohibición de utilizar cualquier medio de pago existente en España.


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